jueves, septiembre 29, 2011

Reinventando la política: 15M


MONTSERRAT GALCERÁN. Militante social, ensayista y profesora de Filosofía de la UCM
Miércoles 28 de septiembre de 2011.

Decían los clásicos que nada hay tan improbable e ilusorio como una revolución antes de que acontezca, ni nada es más evidente y necesario después de que estalle. Sea o no una revolución lo que estamos viviendo, ya casi ni nos acordamos de cómo era el mundo antes de que existiera el 15M. Nada era más improbable entonces, ni nada nos hace dudar ahora de que el movimiento continuará. Es, como dice David Harvey, un rayo de esperanza y de luz en el horizonte del depredador y salvaje capitalismo global.
Dos éxitos marcan el presente del movimiento: la constitución emergente de un nuevo actor político y su efecto en la descomposición de la casta política dominante. Esos dos elementos nos permiten hablar propiamente del final de un ciclo político, aquel que se abrió en este país con la Transición y que en Europa viene marcado por el final de los movimientos de 1968 en los últimos ‘70. También del inicio del fin del periodo siguiente: la hegemonía indiscutida de un neoliberalismo que nos ha llevado al desastre actual.

Las movilizaciones populares de estos últimos meses, empezando por lo sucedido en los países del norte de África y siguiendo por el área mediterránea, Grecia, Portugal y España marcan la emergencia de un actor político multitudinario que ha encontrado en las asambleas populares uno de los resortes de su acción. Los otros son una práctica novedosa en la comunicación, especialmente en las redes sociales, y una forma de hacer política basada en el rechazo de la representación/delegación y la asunción de la capacidad de cada quien para incidir, participar, reflexionar, aportar, matizar y decidir. Esta práctica produce empoderamiento y aumenta la pasión por lo político, a mil leguas del hartazgo y la agitación artificial de los mítines oficialistas. Se equivocan quienes piensan que expresa solamente un deseo de mayor transparencia política; equivale a un auténtico cambio en las formas de hacer política que pone en cuestión todo el andamiaje de la política entendida como gestión del poder. Lo que expresa es una clara voluntad de intervención y de autodefensa, evidenciada en la fuerza de la desobediencia civil con la que se ocupan plazas y calles en las asambleas, manifestaciones, concentraciones y acampadas. Estamos en un movimiento que no le teme a la represión policial aun cuando opta, clara y resueltamente, por formas pacíficas de confrontación social y política. En este sentido supone una auténtica mutación.

Correlativo al crecimiento de la agencia social, como si fueran vasos comunicantes, se desmorona el artificio de la casta política surgida de la Transición. PP y PSOE se aglutinan como los gestores del capitalismo global en el Estado, esforzándose en reducir las instituciones estatales a palancas de dominio ‘sobre’ la población. El espectáculo del Congreso en la votación acelerada de la reforma constitucional lo muestra de modo inequívoco: los grupos minoritarios se esfuerzan por separarse de los dos grandes, temerosos de que les arrastren en sus desafortunadas medidas, mientras que éstos, con todo tipo de transacciones y componendas, intentan ofrecer garantías imposibles a unos ‘mercados’ a los que se resisten a poner nombre. Dicen que esas medidas les tranquilizarán, pero de ser así –cosa más que dudosa– no será sólo por haber fijado un límite al endeudamiento público sino por la preeminencia otorgada al pago de la deuda sobre cualquier otro gasto, explícito en el punto 3 del reformado artículo 135 en el que se dice que “el pago –de los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones– gozará de prioridad absoluta”.

“¿Prioridad absoluta?”. Sin duda esta cláusula pone en cuestión la soberanía nacional para acometer aquellos gastos que considere necesarios incluso, llegado el caso, el impago o la renegociación de la deuda como han hecho ya algunos países latinoamericanos. Pero eso no es todo. A la chita callando los gobernantes están cambiando la concepción del Estado, socavando la soberanía y haciéndolo funcionar como un conjunto de procedimientos, reglas e instancias institucionales encaminadas a garantizar que puedan continuar los negocios privados rentables desde el punto de vista de los capitales particulares y del capital en general, en especial el negocio financiero, sin importar si esa imposición repercute en el descenso del gasto público, incluidos los gastos sociales, y empeora el vivir de la población. Ante el dilema de que algunos países europeos como Grecia, Irlanda, Portugal o incluso España o Italia dejen de pagar la deuda, lo que podría provocar una hipotética crisis del euro, o que se reduzcan los gastos, optan sin vacilar por lo segundo, dándole incluso la forma de mandato legal amparado en la Constitución. Las instituciones estatales se convierten así en palancas decisivas para asegurar los pagos a los acreedores –grandes instituciones bancarias y fondos de inversión– en detrimento de sus obligaciones sociales y asistenciales frente al conjunto de la población, bloqueando legalmente cualquier intento de reforma en beneficio de ésta y garantizando constitucionalmente los intereses de aquéllos.

El impago

Sin duda que el impago de la deuda es un problema para el sistema bancario en su conjunto, especialmente para los propios bancos europeos, compradores de deuda pública. Eso explica que la partida no se juega sólo en los territorios nacional-estatales sino en Europa. Los famosos “dictados de los mercados” y las “imposiciones del tándem Merkel/Sarkozy” marcan las exigencias de las elites capitalistas europeas, especialmente los bancos, en la defensa de los negocios globales y del poder del euro. Su cara visible es el Banco Central Europeo cuya legislación le permite estar exento de mandato político pero cuyas decisiones se imponen a los gobiernos por la vía económica.

De ahí la importancia de la dimensión europea del movimiento y la apertura de ese nuevo territorio de conflicto. Durante agosto han emprendido la marcha los grupos de caminantes que a mitad de septiembre están pensando encontrarse en París, para proseguir la marcha hacia Bruselas. Estas marchas van a visibilizar la dimensión europea y permitirán confluir a todas las personas de los diferentes países focalizando el centro de gobierno de la Unión Europea en Bruselas. No se trata sólo de coordinarse con el resto de movimientos a escala europea. Se trata de construir una red política alternativa que sea capaz de defender una Europa social.

No podemos olvidar que tampoco ellos los representan, que por boca de Sarkozy o de Merkel no hablan las poblaciones de Francia o de Alemania sino el poder de sus élites capitalistas globales. Sólo ‘indignando’ a toda Europa podremos enfrentarnos a ellas.